Desde la Confederación
Intersindical rechazamos las durísimas penas impuestas contra 25 saharauis por
el Tribunal Militar marroquí que el pasado 17 de febrero condenó a nueve de
ellos a cadena perpetua, a cuatro a 30 años de prisión, a siete a 25 años, a
tres a 20 años y a dos a 2 años de prisión. Estas durísimas penas suponen un
nuevo atentado contra el pueblo saharaui por parte del régimen marroquí.
Estos ciudadanos saharauis han
sido acusados de haber participado en la organización del Campamento de Gdeim
Izik realizado a finales del año 2010 en las afueras de la ciudad ocupada de El
Aaiun, capital del Sáhara Occidental, y en el que más de 20.000 saharauis
protestaron de ese modo y pacíficamente contra las violaciones por parte de
Marruecos de los derechos humanos, las desigualdades a que están sometidos, el
despido masivo de trabajadores saharauis, los juicios arbitrarios y sin
garantías, el saqueo de sus riquezas naturales (fosfatos, pesca, arena…), etc. Les
han acusado falsamente de matar a once policías durante aquellos sucesos.
Hay que recordar que frente a
esa protesta pacífica, el Estado marroquí respondió con la represión y el
asedio, asesinaron al niño de 14 años Elgarhi Nayem, atacaron brutalmente a la
población civil saharaui invadiendo el campamento, quemando sus jaimas, lanzando
sobre la población gases lacrimógenos y agua caliente desde helicópteros y
estableciendo una lucha cuerpo a cuerpo con hombres, mujeres, ancianos y niños,
en una represión feroz e injustificable que causó cientos de heridos y
centenares de saharauis fueron detenidos arbitrariamente.
No sólo no se han asumido
responsabilidades ni han sido condenados los autores de dicha represión, sino
que el Estado marroquí ha hecho ahora que las víctimas acaben siendo las
culpables.
Ahora, más de dos años después,
durante los cuales han permanecido encarcelados, 25 civiles saharauis han sido
juzgados sin garantías y condenados por un Tribunal Militar que no tenía
legitimad ni competencia alguna para actuar contra ellos, ya que el Reino de
Marruecos -como dictan todas las resoluciones internacionales y de Naciones
Unidas al respecto- no tiene reconocida ninguna jurisdicción ni soberanía sobre
el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental.
Además, el juicio se ha
celebrado -según denuncian observadores internacionales y juristas presentes
durante las sesiones de ese juicio- sin ningún tipo de garantías, no se han
aportado pruebas que inculpen a los procesados, ni las armas con las que
supuestamente atacaron a los agentes marroquíes, ni las huellas dactilares de
los acusados, sólo se practicó una prueba forense y no se realizó ningún test
de ADN.
Este juicio es un episodio más
del conflicto generado por la invasión marroquí que dura ya más de 37 años y
que ha condenado al exilio a cientos de miles de saharauis refugiados en los
Campamentos de Tinduf, mientras muchos otros son perseguidos en su propio
territorio, el Sahara Occidental. Sólo el cese de la ocupación, el respeto a
los derechos humanos, la puesta en libertad de los presos políticos saharauis y
el ejercicio del derecho a la autodeterminación pueden abrir la vía de solución
a este conflicto.
Por ello, desde la
Confederación Intersindical exigimos el cese de la ocupación marroquí, la
realización del referéndum de autodeterminación al que el Pueblo Saharaui tiene
derecho y que las múltiples resoluciones de Naciones Unidas y su Consejo de
Seguridad reconocen, y la libertad de todos los presos políticos saharauis.
Secretariado Confederal; Marzo
de 2013
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